El Instituto del Cine: paso urgente en un momento crucial
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El director cinematográfico Patricio Guzmán enfrenta la grave situación del cine chileno, amenazado de parálisis en una de sus etapas más vivas y decisivas. La burocracia, la «organizada desorganización», la inexistente política de créditos, son analizadas por Guzmán. Pero enfoca también el actual diálogo con Chile Films, sus proyecciones y la creación del Instituto del Cine, que no es «un proyecto imposible».

EL cine chileno está en un momento decisivo, crucial. No podemos continuar como estamos. La desorganización ha llegado al límite. El gobierno de la Unidad Popular y todos los que trabajamos en el cine, no hemos sabido estar a la altura de este penetrante medio de comunicación.

En primer lugar, hay algo que no admite más demoras: la creación del Instituto Nacional del Cine Chileno. Cada día aumentan los conflictos en torno a la producción de cada nueva película chilena. En el cine de aquí no existe ni legislación ni estructuras que sirvan de norma a los trabajadores. Habría que cumplir unas «reglas de juego». Pero éstas «reglas» no se han discutido nunca. No existen.

Es cierto que se inició una nueva etapa en este aspecto: el fortalecimiento del Sindicato Profesional de Técnicos Cinematográficos y también el de los actores (SIDARTE). Pero estos dos sindicatos, en realidad, lo único que pueden hacer es amparar los derechos de sus trabajadores dentro de una industria que carece de reglas en sus otras áreas, puesto que falla en su esqueleto, en su estructura.

Es difícil, casi imposible, seguir trabajando en un ámbito sin fronteras. Producimos un gran número de corto y largometrajes en un sistema de coproducción múltiple. Los aportes son tan diversos, que después —cuando queremos contabilizar cada producción— no es posible clarificar esa tupida interrelación económica. La madre de esta confusión es que no se cuenta con una protección económica oficial que sea regular y metódica.

Tampoco hay normas para la creación de productoras independientes, unidades de producción, cooperativas. Y esa falta de reglas se extiende también hacia afuera. No hay un sistema para encausar nuestras relaciones con el exterior y por eso no podemos llevar a la práctica una fórmula de coproducciones más o menos standard.

UNA ASAMBLEA «CON TODOS»

Consideremos que está superada (¿lo  está?) la  primera etapa de nuestra cinematografía, cuya formula parecía ser ésta: hay que producir una película sea como sea y a costa  de  quien  sea.

Bien, pero en 1973 alguien (y ese alguien debe ser Chile Films) tiene que organizar y centralizar una asamblea amplia, un encuentro amplio, en la que participen todos — no algunos, todos— los trabajadores del cine. Y ahí. en ese encuentro en el que nadie será excluido, cada trabajador aportará su experiencia para iniciar la estructura de una cinematografía al servicio del pueblo.

Algo de esto empieza ya a vislumbrarse. La semana pasada Chile Films convocó a los directores de largometrajes. Motivo: iniciar los diálogos con el tema «Bases para una Política Cinematográfica». La iniciativa es buena. Se anunció otra reunión próxima con cortometrajistas. Pero hay puntos negros: a la citada reunión de los directores de largometrajes asistieron muy pocos. Hubo asientos vacíos y faltaron algunos de los más importantes. En el futuro deben cambiar dos cosas: la actitud «ausentista» de algunos realizadores y el cuidado y la amplitud con que Chile Films debe confeccionar sus «listas». No debe haber sectarismo, ni deben omitirse nombres por falta de información. Ambas cosas son inaceptables, usando el más suave adjetivo posible.

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CAMBIAR CHILE FILMS

Hace un mes llegó hasta los cineastas un documento del FTR. primer intento que pretende totalizar y unir a todos los elementos dispersos del cine chileno. Se titula «Pauta para la Discusión de una Política Cinematográfica» y propone la creación de las tres áreas del cine: estatal, mixta y privada. El triángulo de áreas deberá regularlo un organismo superior llamado «Consejo de Fomento del Cine». A mi juicio esto se parece mucho a un Instituto Nacional de Cinematografía.

Por su parte. Chile Films propuso en la primera reunión de largometrajistas una serie de medidas —todas ellas positivas— sobre centralización del crédito. Importación de material virgen, distribución en el extranjero, etc. Pero el documento que plantea estas medidas resulta incoherente al primer análisis. No se habla en él de cambiar radicalmente la actual fisonomía de Chile Films, que es simplemente una productora-distribuidora sin representación para encabezar el trabajo cinematográfico. Y debiera ser un organismo centralizador con amplia y directa participación de todos los sectores del cine.

Este documento de Chile Films resulta, además, incompleto al afrontar la política financiera. Hay vacíos notables. La protección cinematográfica no tiene una sola veta que se llama crédito bancario, sino varias. Es preciso crear todos los canales posibles de protección al cine. O, por lo menos, los tres más importantes: adelantos, créditos y subvenciones. Veamos un ejemplo práctico: «Gracia y el forastero» y «Tres tristes tigres«. Con un criterio rígido de créditos se hubiera favorecido por igual la producción de ambas películas. Y hubiera sido un error. Lo más probable es que «Gracia» tenga un buen mercado y que los «Tigres» lo tengan más reducido. Surge así la necesidad de crear una categoría de filmes que pudieran llamarse de «Interés Especial» (por su aporte cultural, por lo que significan como experimentación, etc.). en los que el productor debería recibir del Estado una parte del costo a fondo perdido.

PROTECCIÓN Y CRÉDITO

Así se hace en los países europeos, que comprenden que sin protección (que es mucho más que «crédito») no existiría el cine local, porque muchos filmes no pueden afrontar las deudas contraídas. Volviendo al ejemplo anterior, aunque «Gracia» es una película que posee atractivos taquilleros (los actores, entre otros), en cambio, el director es un debutante. Esto merece que se compense al productor, al aplicar una inteligente protección oficial. O sea: el cine necesita una protección estatal flexible y no unos créditos mecánicos que pueden ser injustos según en qué casos. Y conste que —al aludir a «Gracia» y los «Tigres«— no estamos discutiendo ni mucho menos aspectos cualitativos de esos dos filmes. Sólo nos sirven como ejemplos prácticos para estudiar cómo debe ser la política de protección cinematográfica.

El documento de Chile Films (su título es largo: Bases para una política cinematográfica de largometrajes en la etapa de transición del Capitalismo al Socialismo en Chile») afirma que no cree necesario plantear la posible expropiación de las productoras capitalistas chilenas «Resultaría ridículo —dice Chile Films—, porque prácticamente no cuentan con medios de producción cinematográfica».

Es un hecho que ciertas expresiones, como “transición del capitalismo al socialismo» (u otras, como «vía chilena» o «etapas del proceso», etc.), han llegado a ser meras expresiones funcionales que sirven lo mismo para retroceder que para avanzar. En este caso plantean una confusión que en futuras reuniones será necesario esclarecer.

Lo cierto es que en todos los países socialistas los principales medios de producción de cine pertenecen al Estado. Y los encabeza un Instituto Nacional de Cinematografía. En los países capitalistas, en cambio, el problema es mucho más complejo. Es dificilísimo para ellos lograr un equilibrio entre estos tres factores: producción, distribución y consumo, manejados por una infinita red de empresas privadas. En esos países el anhelado equilibrio no se produce nunca en la práctica y el cine vive en una perpetua crisis.

ANTE LA PARÁLISIS: EL INSTITUTO

Pero Chile ofrece un panorama diferente y de más fácil resolución. El mercado interno es reducido, tenemos sólo diez millones de habitantes y el tope lógico es de seis largometrajes al año.

Con nuestra situación política actual, podría funcionar un Instituto del Cine con un gasto económico mínimo En la práctica, este Instituto no sería más que un coordinador, una asamblea permanente de los trabajadores del cine. Podría encabezarlo un Consejo Superior de Cinematografía. Y este Consejo lo integrarían una directiva y vocales de todos los organismos cinematográficos: universitarios, sindicales, independientes, ministeriales, representantes de la CUT y del sector económico del Gobierno. Operaría a través de una serle de comisiones: de proyectos, de protección, de planificación, etc. Y eso sería todo.

Creo que podemos ver claro que no se trata de un proyecto imposible. De algo a lo que no se puede llegar sino a través de eternas asambleas, deliberaciones o profundas meditaciones. Nada de eso. Podemos llegar a ello espontáneamente. Simplemente impulsados por un hecho palpable: que el quehacer cinematográfico, nuestro trabajo, corre el peligro de estancarse en uno de sus periodos más interesantes y vivos. Y que ese estancamiento, esa parálisis posible parte de un obstáculo que puede salvarse: la irracionalidad, la desorganización, que es lo único que parece estar organizado en lo que al cine se refiere.

El Instituto tendría mucho que hacer. Pero inmediatamente podría redactar una ley definitiva sobre el cine nacional y planificar todos los elementos de nuestro sistema cinematográfico.

En todo caso, es altamente positivo que Chile Films haya resuelto abrir el diálogo en este momento decisivo. Hay que desear que las reuniones sean cada vez más amplias. La única empresa estatal de nuestro cine debe ser comunicativa y abierta, no aislada ni cerrada. Tenemos que construir la estructura de una cinematografía al servicio del pueblo. Es una hermosa tarea colectiva. Una tarea de todos y no solamente de un grupo de administrativos.